Santa Marta amaneció bajo un fuerte dispositivo de seguridad después de una jornada marcada por quema de vehículos, bloqueos, intimidaciones a comerciantes y afectaciones al transporte, en un paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La reacción del Gobierno fue ordenar la militarización de la ciudad, una medida que devuelve al centro del debate una pregunta difícil: ¿puede la presencia de la Fuerza Pública garantizar el control territorial cuando los grupos armados consiguen paralizar actividades civiles?
La escalada se produjo después de una operación de la Fuerza Pública en la zona de Quebrada del Sol, donde, según la Policía, fueron abatidos siete integrantes de las ACSN y capturadas otras tres personas. Entre los muertos estaba alias “Cholo”, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y financiero de la organización.
Posteriormente, las ACSN anunciaron un paro armado de 48 horas, en protesta por las acciones del Gobierno. Durante la jornada se registraron vehículos y buses incinerados, bloqueos en la Troncal del Caribe y amenazas para obligar a comerciantes a cerrar sus establecimientos.
Militarización y respuesta del Gobierno
Ante la situación, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó reforzar la presencia militar y policial en Santa Marta y posteriormente anunció la militarización de la ciudad. El Gobierno también anunció un incremento del pie de fuerza en Santa Marta y Ciénaga.
La medida busca garantizar la movilidad, proteger a comerciantes y transportadores y recuperar el control de las zonas afectadas.
Sin embargo, la decisión también abre un debate sobre la efectividad de una respuesta basada principalmente en el despliegue de uniformados. La presencia militar puede contener una emergencia inmediata, pero el problema de fondo exige desarticular las estructuras criminales que tienen capacidad para intimidar a la población y alterar la actividad económica de una ciudad.
El costo lo paga la población
El impacto más inmediato lo están viviendo los habitantes.
Comercios cerrados, transporte afectado y vías bloqueadas significan pérdidas económicas y restricciones para quienes necesitan desplazarse para trabajar, estudiar o atender sus negocios. Caracol Radio reportó además que algunos transportadores habrían recibido amenazas para suspender sus rutas.
Ese es uno de los elementos más preocupantes de un paro armado: un grupo ilegal consigue imponer temporalmente sus condiciones sobre actividades que deberían estar bajo control de las autoridades.
Y Santa Marta tiene una particularidad adicional. Es uno de los principales destinos turísticos del país, por lo que cualquier alteración prolongada del orden público puede tener consecuencias que van más allá de los sectores directamente afectados.
Una prueba para la política de seguridad
El Gobierno ha construido su estrategia de seguridad alrededor de una respuesta contundente contra las organizaciones criminales. La operación contra las ACSN constituye, en ese sentido, una muestra de esa política.
Pero la reacción posterior plantea un desafío.
Derrotar a un cabecilla no necesariamente significa desarticular una organización.
Si después de una operación una estructura conserva capacidad para bloquear carreteras, quemar vehículos, intimidar comerciantes y alterar la vida cotidiana, la discusión pasa del resultado de un operativo a la capacidad del Estado para mantener el control después de ejecutarlo.
Por ahora, las autoridades reportan capturas y un mayor despliegue de seguridad. También continúa la búsqueda de otros integrantes de las ACSN.
El interrogante queda abierto
La militarización puede ser una respuesta inmediata frente a una amenaza concreta. Pero el verdadero indicador será si Santa Marta recupera de manera sostenida la normalidad y si las estructuras criminales pierden su capacidad de intimidar a la población.
Porque una ciudad puede llenarse de soldados durante una emergencia.
El verdadero desafío es conseguir que ninguna organización ilegal vuelva a tener la capacidad de apagarla.
