Una decisión judicial puso límites, al menos de manera temporal, a la forma en que la Presidencia muestra los resultados de sus operaciones militares. El Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó retirar de las redes oficiales dos publicaciones en las que el presidente Abelardo de la Espriella aparece junto a cadáveres de personas abatidas durante operativos en Guaviare y La Guajira. La medida reabre un debate de fondo sobre los límites de la comunicación presidencial y el tratamiento digno de los muertos.
La controversia comenzó después de que la cuenta oficial de la Presidencia difundiera imágenes del mandatario tras operaciones de la Fuerza Pública. En una de las publicaciones, correspondiente al operativo Azarías, en Guaviare, De la Espriella aparece caminando entre bolsas que contenían los cuerpos de personas abatidas. En otra, relacionada con la operación Centinela de la Patria, en Riohacha, aparece junto a cuatro cuerpos cubiertos con lonas.
Las publicaciones fueron presentadas como parte de la comunicación oficial de los resultados de seguridad. Sin embargo, su contenido provocó críticas de sectores políticos y de organismos de derechos humanos que cuestionaron la decisión de convertir imágenes de personas fallecidas en parte de la puesta en escena institucional.
⚖️ La justicia interviene
La decisión fue adoptada como medida cautelar dentro de una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio. El recurso cuestionó el posible impacto de las imágenes sobre derechos fundamentales, especialmente los de niños, niñas y adolescentes.
El juez ordenó al presidente y al Departamento Administrativo de la Presidencia ocultar temporalmente las dos publicaciones mientras continúa el análisis de fondo.
Y este punto es fundamental: la decisión no constituye todavía un fallo definitivo sobre la tutela. Es decir, la discusión jurídica continúa.
🪖 ¿Dónde termina la información y comienza la propaganda?
El Gobierno tiene derecho —y también la responsabilidad— de informar sobre los resultados de sus operaciones contra organizaciones armadas y criminales.
Pero existe una diferencia entre comunicar un resultado militar y exhibir los cuerpos de los muertos como parte del mensaje político.
Ese es el núcleo de la controversia.
En Colombia, un país marcado por décadas de conflicto armado, las imágenes de cuerpos sin vida no son neutrales. Pueden transmitir un mensaje de contundencia frente al crimen, pero también pueden contribuir a normalizar la violencia y convertir la muerte en un recurso de comunicación política.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, ya había cuestionado este tipo de publicaciones y sostuvo que los muertos deben ser tratados con dignidad y que sus cuerpos no deberían convertirse en una especie de escenografía política.
🔥 El argumento de la “mano dura”
El Gobierno de De la Espriella ha construido buena parte de su discurso de seguridad alrededor de una política de mano dura contra los grupos armados y el narcotráfico.
Mostrar los resultados de las operaciones puede buscar precisamente ese efecto: transmitir la idea de que el Estado recuperó el control y que los criminales serán perseguidos.
El problema es que la eficacia de una política de seguridad no debería medirse por la crudeza de las fotografías que publica un Gobierno.
Una operación exitosa se debería evaluar por la protección de la población, la captura de responsables, la reducción de homicidios, la recuperación de territorios y la desarticulación de las estructuras criminales.
No por la cantidad de cadáveres exhibidos en redes.
⚠️ Un debate que va más allá de De la Espriella
La decisión judicial plantea una discusión que puede trascender al actual Gobierno: ¿hasta dónde puede llegar un Estado cuando utiliza sus redes oficiales para mostrar los resultados de operaciones militares?
Una cosa es informar que una operación dejó personas abatidas. Otra muy distinta es publicar imágenes explícitas de cuerpos sin vida sin considerar quién las verá, qué efecto producen y qué mensaje institucional se está enviando.
También existe una cuestión particularmente delicada: la exposición de menores y adolescentes a este tipo de contenido. Precisamente este aspecto fue uno de los argumentos centrales de la tutela que dio origen a la decisión judicial.
🇨🇴 El verdadero límite
La lucha contra las organizaciones armadas necesita resultados. En eso existe poco espacio para la discusión: el Estado debe proteger a los ciudadanos y enfrentar a quienes utilizan la violencia para controlar territorios y economías ilegales.
Pero una democracia también tiene límites.
El Estado puede ejercer la fuerza cuando la ley lo permite; no necesariamente significa que deba convertir la muerte en espectáculo.
El fallo temporal obliga al Gobierno a enfrentar una pregunta incómoda: ¿es necesario mostrar cadáveres para demostrar que la política de seguridad está funcionando?
La respuesta a ese interrogante será importante no solo para De la Espriella, sino para la manera en que Colombia comunica la guerra contra el crimen.
Porque la seguridad necesita contundencia.
Pero la contundencia de un Estado democrático debería estar en sus resultados y en el respeto de la dignidad humana, incluso frente a quienes han muerto durante una operación.
