El terremoto del 10 de agosto no solo dejó una enorme factura humana y material. También golpeó unas finanzas públicas que ya estaban bajo presión. Colombia enfrenta ahora el difícil equilibrio entre financiar una reconstrucción que podría costar decenas de billones de pesos y, al mismo tiempo, reducir un déficit fiscal que el Gobierno de Abelardo de la Espriella proyecta en 9,4 % del PIB para 2027. El dilema es tan simple de explicar como difícil de resolver: ¿de dónde saldrá el dinero para reconstruir sin profundizar el hueco de las cuentas públicas?
La magnitud del desafío quedó expuesta semanas después del sismo. Según estimaciones recogidas por EL PAÍS, la reconstrucción nacional podría requerir alrededor de $42,1 billones, equivalentes a cerca del 2,3 % del PIB. Los departamentos más afectados —Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Caldas— calculan necesidades cercanas a $36,6 billones.
No se trata solamente de reconstruir viviendas. La emergencia exige recuperar carreteras, infraestructura pública, servicios esenciales y capacidad productiva en territorios que todavía están intentando dimensionar el impacto económico de la tragedia.
El problema: las arcas públicas ya estaban bajo presión
El terremoto llegó en un momento especialmente complejo para las finanzas nacionales.
El Gobierno ha estimado que el déficit fiscal podría alcanzar el 9,4 % del PIB en 2027, un nivel que refleja una brecha significativa entre los ingresos y los gastos del Estado. La nueva propuesta presupuestal para 2027 asciende a $634,9 billones, un monto 10 % superior al proyecto que había presentado la administración anterior.
El Ejecutivo sostiene que este nuevo cálculo busca “sincerar” las cuentas y reconocer obligaciones que, a su juicio, no estaban plenamente reflejadas en el presupuesto anterior. Entre ellas aparecen presiones relacionadas con pensiones, salud, subsidios de energía y gas y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
Pero aquí surge una de las mayores contradicciones de la actual coyuntura: el Gobierno quiere ordenar las finanzas al mismo tiempo que debe aumentar la capacidad de gasto para responder a una catástrofe nacional.
Recortar y reconstruir: el difícil malabarismo
La administración De la Espriella ha anunciado medidas de contención del gasto. En las últimas semanas, varias entidades han enfrentado congelamientos de recursos y cerca de 50.000 contratos han quedado en situación de incertidumbre, según EL PAÍS. El Gobierno justifica estas decisiones como parte del ajuste fiscal.
El problema es que la reconstrucción necesita precisamente lo contrario: recursos rápidos, inversiones grandes y capacidad estatal para ejecutar proyectos.
Por eso la política fiscal entra en una especie de círculo de tensión.
Reducir gastos puede ayudar a contener el déficit, pero un recorte excesivo puede ralentizar la recuperación.
Aumentar el gasto puede acelerar la reconstrucción, pero también elevar las necesidades de financiación y endeudamiento.
Y endeudarse más puede resolver el problema inmediato, pero dejar una carga mayor para los próximos gobiernos y generaciones.
No existe una salida gratuita.
El Fondo Milagro: una herramienta todavía bajo presión
Para responder a esta situación, el Gobierno anunció la creación del Fondo Milagro, concebido como un mecanismo para canalizar recursos públicos y privados destinados a la emergencia y la reconstrucción. El Ejecutivo también expidió 11 decretos para flexibilizar procedimientos, movilizar recursos y facilitar la respuesta de las entidades territoriales.
La apuesta tiene lógica: en una emergencia de esta magnitud, los trámites ordinarios pueden resultar demasiado lentos.
Pero la creación de un fondo no resuelve automáticamente la pregunta fundamental:
¿Cuánto dinero estará realmente disponible y de dónde saldrá?
Esa es la cuestión que determinará si el Fondo Milagro se convierte en una herramienta efectiva de reconstrucción o en otro mecanismo que dependa, en última instancia, de recursos que todavía no están asegurados.
El costo no será solamente nacional
La crisis fiscal también golpea a las regiones.
En Manizales, por ejemplo, el terremoto provocó una reducción estimada de $40.000 millones en el recaudo tributario municipal. Para preservar su capacidad financiera, la ciudad decidió cancelar un megaproyecto vial que aún no había comenzado y destinó recursos hacia un plan de reconstrucción de $220.000 millones.
El caso ilustra una realidad que puede repetirse en otras zonas afectadas: cada peso destinado a reconstruir tendrá que competir con otras necesidades que ya estaban presupuestadas.
Eso significa menos margen para nuevas obras, más presión sobre el endeudamiento regional y una posible ralentización de proyectos que no estén directamente relacionados con la emergencia.
Un mercado que también está mirando
El problema fiscal no se desarrolla en aislamiento.
Las necesidades de financiación del Estado han aumentado y el mercado de deuda colombiana ha reaccionado exigiendo mayores tasas, según análisis recientes. Para 2027, los pagos de capital e intereses de la deuda representarían cerca de una cuarta parte del presupuesto nacional.
Eso significa que una porción cada vez mayor del dinero público debe destinarse a cumplir obligaciones financieras en lugar de financiar infraestructura, educación, salud o reconstrucción.
Y aquí aparece uno de los riesgos más delicados: si el país necesita endeudarse cada vez más caro para reconstruir, la tragedia puede terminar agravando un problema fiscal que ya existía antes del terremoto.
¿Quién pagará la reconstrucción?
La pregunta inevitable es quién terminará asumiendo el costo.
Una parte puede provenir del presupuesto nacional. Otra de los gobiernos territoriales. También se contempla la participación del sector privado y mecanismos como obras por impuestos. Además, el Gobierno podría acudir a financiación externa.
Pero existe una realidad difícil de ignorar: los recursos públicos no son infinitos.
Colombia tendrá que decidir cuánto recortar, cuánto endeudarse, cuánto recaudar y cuánto tiempo puede aplazar otras prioridades.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a una pelea política sobre quién dejó el déficit.
El Gobierno anterior puede ser responsable de parte de las condiciones fiscales heredadas. El actual Gobierno tiene, sin embargo, la responsabilidad de administrarlas y encontrar una salida.
La explicación política puede repartir culpas; la matemática fiscal no.
Una prueba de fuego para De la Espriella
El terremoto llegó apenas iniciado el mandato de Abelardo de la Espriella y convirtió la reconstrucción en una de las principales pruebas de su Gobierno.
La emergencia exige rapidez, pero también disciplina.
Se necesita gastar, pero gastar bien.
Se necesita recaudar, pero sin ahogar una economía que también tendrá que recuperarse.
Y se necesita endeudamiento, si es necesario, pero evitando convertir la reconstrucción en una deuda permanente.
El propio Gobierno ha intentado combinar austeridad y respuesta de emergencia. El problema es que esas dos prioridades pueden entrar en conflicto cuando los recursos son limitados.
La verdadera factura todavía no ha llegado
El dato de $42,1 billones debe entenderse como una estimación y no como una factura definitiva. La evaluación de daños continúa y las necesidades pueden cambiar a medida que avanza la caracterización de las zonas afectadas.
Pero incluso con esa cautela, la magnitud ya es suficiente para entender el problema.
Colombia no puede darse el lujo de escoger entre reconstruir y ordenar sus finanzas. Tiene que hacer ambas cosas.
Y ese es precisamente el reto más difícil.
Porque detrás de cada billón hay viviendas que reconstruir, carreteras que recuperar, hospitales que atender y familias que necesitan volver a ponerse de pie.
Pero también hay deuda que pagar, intereses que cubrir y un Estado que no puede gastar indefinidamente más de lo que recauda.
El interrogante que definirá los próximos años
¿Podrá Colombia reconstruir las regiones devastadas por el terremoto sin convertir la emergencia en una crisis fiscal aún mayor?
La respuesta no dependerá de discursos ni de anuncios.
Dependerá de cuánto dinero exista realmente, cómo se consiga, cómo se gaste y quién termine pagando la cuenta.
