El presidente Abelardo De La Espriella anunció operativos para identificar a extranjeros vinculados con delitos y a quienes permanezcan en Colombia sin regularizar su situación. La medida genera cuestionamientos sobre su aplicación y la capacidad de Migración Colombia.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció nuevas medidas para enfrentar la migración irregular en Colombia. Durante un Consejo de Seguridad realizado en Barranquilla, el mandatario ordenó iniciar operativos para identificar a extranjeros que estén relacionados con actividades delictivas y a quienes no tengan regularizada su permanencia en el país.
De La Espriella aseguró que la prioridad de su Gobierno será la seguridad de los colombianos y afirmó que los extranjeros que cometan delitos deberán enfrentar las consecuencias correspondientes, incluida la deportación cuando la ley lo permita.
Sin embargo, la decisión abrió un debate sobre la manera en que el Estado debe manejar la migración. Expertos advierten que estar en situación migratoria irregular no significa que una persona sea delincuente, pues se trata de dos situaciones diferentes que deben ser atendidas mediante procedimientos distintos.
El investigador Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señaló que el Gobierno debe evitar presentar la migración únicamente como un problema de seguridad. También pidió utilizar el término “persona en situación irregular”, en lugar de “inmigrante ilegal”.
Uno de los principales retos está en la capacidad de Migración Colombia para ejecutar los operativos anunciados. Según fuentes consultadas, la entidad necesitaría mayor infraestructura, personal y coordinación con la Policía y las autoridades locales para llevar adelante un proceso de esta magnitud.
La situación es especialmente importante debido al número de venezolanos que viven actualmente en Colombia. De acuerdo con las cifras citadas por Rodríguez, para junio de 2026 había alrededor de 847.000 ciudadanos venezolanos en situación irregular, mientras que cerca de 1,96 millones ya se encontraban plenamente regularizados.
Dentro de la población que aún no ha completado su proceso de regularización hay alrededor de 193.000 niños, niñas y adolescentes. Los expertos consideran que este grupo debería recibir una atención especial por parte del Estado, especialmente para garantizar su acceso a la educación y otros servicios básicos.
Colombia enfrenta así un desafío que va más allá de las deportaciones. El Gobierno deberá encontrar la manera de actuar contra los extranjeros que realmente estén involucrados en delitos, sin convertir la situación migratoria irregular en una señal automática de criminalidad.
La medida también genera preocupación por un posible aumento de la xenofobia contra la población venezolana. Expertos advierten que los mensajes de las autoridades pueden influir en la manera en que la sociedad percibe a los migrantes.
Por ahora, el Gobierno deberá definir cómo se realizarán los operativos, qué procedimientos se aplicarán y con qué recursos contará Migración Colombia. El reto será combinar seguridad, cumplimiento de la ley y respeto por los derechos de las personas migrantes.
